La despoblación rural es un fenómeno presente en Galicia; al mismo tiempo, es una realidad que preocupa. La nuestra es la comunidad autónoma de España con más núcleos de población sin habitantes, una situación que se agrava en las provincias del interior. Es lo que muestran los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En términos generales, Galicia pierde población y el envejecimiento es cada vez más evidente.
Con todo, y a pesar de este panorama, lo que está claro es que el mundo agrario se revela como el actor fundamental para dar respuesta al reto demográfico y también para garantizar la seguridad alimentaria de la población.
El mundo rural tiene un rol determinante, ahora más que nunca, para abaratar el precio de la cesta de la compra. Claro está que si no hay vida rural, no existe agricultura, cierran las granjas, los campos quedan totalmente abandonados. A día de hoy, asistimos a un verdadero reto demográfico para mantener activo nuestro medio rural.
Precisamente la despoblación rural es una de las cuestiones que se abordó durante el V Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos, una cita que se celebró en Lleida el pasado mes de septiembre bajo el lema Soluciones de la ingeniería agrónoma para el reto demográfico.
La cita reunió, durante varias jornadas, a todos los agentes implicados en el desarrollo de la actividad agroalimentaria. En esta reunión, el uso de las soluciones tecnológicas tuvieron un papel protagonista. Por otra parte, el contexto internacional que estamos viviendo, el cambio climático o el acceso a las materias primas también centraron el debate de los especialistas.
La aportación gallega para dar vida al mundo rural
Galicia también estuvo presente en el Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos. En Lleida, la directora general de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, Inés Santé, puso en valor las más de 9.300 hectáreas que están siendo movilizadas a través de la Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia en su primer año de vigencia. La directora general explicó que esta norma tiene el propósito de poner a producir las tierras ahora abandonadas.
En este sentido, Inés Santé destacó la buena acogida que tuvieron los diversos instrumentos de movilización de tierras, tales como las aldeas modelo y los polígonos agroforestales, con los que se consigue recuperar espacios productivos según el tipo de cultivo más adecuado. Además, insistió, en que se dinamiza el territorio y se genera actividad económica, al tiempo que se avanza en la anticipación a los incendios forestales.
A día de hoy hay 21 polígonos de iniciativa pública en Galicia, de esa cantidad, 10 están ya iniciados y 11 están en fase de actuaciones previas. A esto, se suman otras 21 aldeas modelo aprobadas. Entre ambos instrumentos de recuperación se benefician más de 9.600 propietarios de más de 35.000 parcelas.
Una cuestión, precisó Santé, que tiene mucho peso si tenemos en cuenta la estructura compleja de la propiedad en Galicia. Así, recordó que en nuestra comunidad hay más de 11 millones de parcelas propiedad de 1,6 millones de titulares individuales y cuya superficie media oscila los 2.500 metros cuadrados. Ante eso, destacó, es preciso impulsar herramientas que pongan a producir áreas de tierra agraria abandonada o infrautilizada y con buena capacidad productiva, por iniciativa de la administración o de particulares. Precisamente, ese es el fin principal de los polígonos agroforestales, que se complementan también con las aldeas modelo y las actuaciones de gestión conjunta.
Dar continuidad a las explotaciones
Durante su presentación, Inés Santé destacó que la ley promueve también la continuidad de las explotaciones y la buena gestión de las tierras que las conforman. En este sentido, indicó que a través del Banco de Tierras de Galicia se está fomentando el acceso a la tierra para toda aquella persona que desee dedicarse a la actividad agroforestal.
Además, la Xunta también trabaja en la puesta en marcha del Banco de Explotaciones, que pretende favorecer el relevo generacional en el campo gallego.
Así, el Banco de Explotaciones será un instrumento público de mediación con la finalidad de facilitar la puesta en contacto entre titulares de explotaciones que, voluntaria o forzosamente, abandonan la actividad, y personas interesadas en su incorporación, con el objetivo de garantizar la continuidad de las explotaciones y así luchar contra su desmantelamiento y el abandono de las tierras que las conforman.
Entre sus funciones, el Banco se encargará de elaborar y publicar un listado actualizado de las explotaciones susceptibles de mediación, así como de facilitar la labor de mediación, poniendo a la disposición de las personas interesadas la información vinculada a las explotaciones incluidas. El objetivo es que esa información sea de utilidad en la consecución de negocios de cesión o arrendamiento entre las personas titulares y las interesadas.
Catálogo de suelos agropecuarios y forestales
Por último, la directora general también incidió en que, a través de la Ley de recuperación, se está trabajando en la creación de un Mapa de usos agroforestales, que reflejará el empleo de las tierras y servirá de base para planificar las actuaciones de las administraciones públicas en la materia.
En relación a la identificación y a la ordenación de usos, también se prevé la creación de un Catálogo de suelos agropecuarios y forestales, que tratará de hacer una planificación integral contemplando los usos agrícolas, ganaderos y forestales.
De esta forma, destacó Santé, se clasificará la totalidad de los terrenos en agropecuarios o forestales, analizando los factores que condicionan la aptitud de la tierra y dejando claro los usos permitidos, prohibidos y autorizables en cada caso.
